Defensa del Consumidor habilitó una vía remota para la presentación de recursos

La Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) de Mendoza dispuso la entrada en vigencia del protocolo para acceder en forma remota al boleto 1077, necesario para cancelar la tasa que corresponde a los recursos de revocatoria.

Recordemos que el recurso de revocatoria es un instrumento legal que permite al afectado objetar un acto administrativo impuesto por un organismo (por ejemplo, una sanción de multa).

Dicho recurso debe ser presentado ante el organismo que dictó la sanción, en los tiempos y formas previstos en la notificación formal, y en el marco de la Ley de procedimiento administrativo N° 9003.

Protocolo habilitado

• La persona interesada en la obtención de este boleto deberá enviar, a través del Whatsapp al número +54 9 261 517 4025, los siguientes datos: nombre de la persona humana o jurídica que ha sido sancionada, su CUIT y el número de expediente en el que se emitió dicha sanción.
• Posteriormente, se le informará también por Whatsapp el día y hora (turno) en que podrá concurrir personalmente a la DDC a retirar el Boleto 1077.
• Al concurrir al turno asignado, personal de Inspección entregará el boleto ya confeccionado. Esta breve interacción tendrá lugar en la Mesa de Entradas de la DDC, y se realizará con elementos de protección individual: tapaboca o barbijo, uso de alcohol en gel a fin de desinfectar las manos del inspector y de la persona solicitante del boleto, antes y después de la entrega del mismo.
• Es importante tener en cuenta que, una vez que el boleto haya sido abonado en la Bolsa de Comercio de Mendoza o en Banco Supervielle, deberá ser escaneado y enviado, junto con el comprobante de pago, a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

Así, la DDC introduce modos y vías de atención diferenciadas, en el marco de la actual pandemia, destinados en esta oportunidad a los proveedores de bienes y servicios y a sus representantes legales, para que estos tengan la posibilidad legal de exigir al organismo que sanciona una revisión de la decisión administrativa, con los fundamentos que puedan ser esgrimidos.