Sigue en estudio un proyecto que adjudicaría a discapacitados, vehículos depositados por secuestro en playas oficiales

Legislatura 21/10/2021 Por Redacción
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales realizará modificaciones en la iniciativa del senador Rolando Baldasso.
baldasso

El senador Marcelo Rubio, presidente de LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales) junto a los integrantes de la comisión, analizó los temas que estaban en la agenda de trabajo. El senador Rolando Baldasso explicó un proyecto cuyo número de expediente es el 76277, a través del cual busca se adjudiquen vehículos a favor de personas con discapacidad.

Se trata de vehículos adjudicables que son aquellos que están depositados en las playas de la policía vial y que se encuentran secuestrados y sujetos a medidas judiciales, por falta de documentación, por irregularidades en los mismos o que habiendo sido objeto de secuestro judicial y/o administrativo permanecen en las playas de la policía vial por tiempo indeterminado.

La iniciativa fue analizada por los integrantes de la comisión quienes sugirieron realizar modificaciones por lo cual quedará en estudio.

Entre los fundamentos de este proyecto se explica que las personas con discapacidad tienen grandes trabas a su desenvolvimiento, por lo cual se les dificulta para llevar a cabo una vida libre con autonomía individual. En la iniciativa se plantean acciones para lograr mejoras en las condiciones socio-culturales  destinadas a  mitigar los obstáculos.

Para llevar adelante el proyecto se tuvo en cuenta la publicación  de las Estadísticas Sociales del Ministerio de Salud de la Provincia -basada en los indicadores sociales publicados por el INDEC y DEIE-,  que muestran que en Mendoza    el  6,4% de la población padece alguna discapacidad.  De entre todas,  la motriz es uno de los tipos que afecta a más cantidad de personas.

De ese  6,4 % la  mayor cantidad de población tiene discapacidad motriz (36%), siguiendo en menor cuantía la discapacidad visual (25,2%) , la mental (18,7), la auditiva (9,1) y otras con menores índices.

Se plantea este proyecto como una política pública destinada a un grupo específico de personas, estructurada para la satisfacción de sus necesidades.

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